FUNCIONARIOS EN EL PUNTO DE MIRA
La Junta es la mayor \’empresa\’ de Extremadura en lo que a volumen de trabajadores se refiere. En una región donde más de la quinta parte de la población activa está en el paro (102.800 personas, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa), un artículo publicado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) dice que 243,34 de cada 1.000 ocupados son empleados públicos . La región se sitúa con este dato en el podio de las comunidades autónomas con más empleados públicos por cada mil habitantes. Todos quieren ser funcionarios. Es la máxima aspiración de una gran parte de la población extremeña y las convocatorias para empleos públicos cuentan sus aspirantes por miles. El informe de Funcas plantea la posibilidad de que el número de empleados públicos se haya sobredimensionado en los últimos años en las comunidades autónomas; analiza las causas e incluso se pregunta si es necesario o no reducirlos. En Extremadura, según la entidad, uno de cada cuatro ocupados trabaja para la Administración, lo que supone que hay un total aproximado de casi 92.664.
La Junta no es el único empleador público que se dibuja en el horizonte laboral de la región. El ente autonómico es el más prolífico en cuanto a cantidad de puestos de trabajo generados (unos 47.589) seguido del Gobierno central (14.006), los ayuntamientos (sólo las siete grandes ciudades dan empleo a 6.109 personas) y las dos diputaciones (2.579).
La proliferación de este colectivo tiene un marco temporal claramente delimitado. «En España, se ha pasado de los 677.160 efectivos de 1998 a 1.345.577 en 2009», apunta Miguel González, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, autor del artículo publicado por Funcas. El incremento del empleo público fue, por tanto, del 98%.
Traspaso de competencias
El engrosamiento puede ser fruto del trasvase de las competencias del Gobierno central a las comunidades autónomas, aunque González Moreno matiza que «la cesión de competencias, por amplia que haya sido, no tiene el suficiente peso para sustentar una duplicación del personal que presta sus servicios en la Administración autonómica.
En la región, el traspaso en la educación tuvo lugar en el año 2000, mientras que en el ámbito sanitario se produjo en 2002. Ambos sectores constituyen el grueso del funcionariado extremeño que depende de la Junta. En la actualidad, 15.540 empleados públicos de la región se dedican a la docencia y 16.802 a la rama sanitaria. Mientras el personal de administración general del Ejecutivo extremeño da empleo a otras 15.247 personas.
El incremento de este sector, que fluye en sentido inverso a la tendencia europea, donde entre 2000 y 2008 el número de empleados públicos disminuyó un 1,4%, es objetivamente costoso, según los expertos económicos. Las razones: porque son la población que menos riqueza genera y porque las zonas que habitan se convierten en áreas con un bajo nivel de vida.
Aunque quizás esas dos consecuencias puedan interpretarse también como causas de la actual coyuntura. El abultado volumen de empleados públicos tiene su justificación, para la Administración, en unos parámetros que son muy particulares de la región. Lo reducido de la población extremeña, su dispersión y envejecimiento son elementos claramente determinantes. Pero también hay que tener en cuenta la escasa actividad económica y la amplitud geográfica de la región, según apunta José Antonio García Hernández, director general de Función Pública de la Junta de Extremadura.
Funcas ha obviado, por tanto, un elemento importante, según la Junta. Precisamente la amplitud geográfica extremeña es un dato al que hay que prestar especial atención, según García Hernández. «Tenemos 400 municipios en un total de 41.000 kilómetros cuadrados. Extremadura tiene 1,15 funcionarios por cada kilómetro cuadrado, mientras Madrid tiene 20, el País Vasco, 8,5; y Navarra, 4,5», puntualiza el director general de Función Pública.
Pero por encima de todas las circunstancias y justificaciones está la «vocación de servicio a la ciudadanía», la base de todo el sistema, según Función Pública. «Desde la Junta creemos necesario que todos los lugares de la región gocen de los mismos servicios y prestaciones. A nadie que necesite un hospital le gustaría tener que recorrer más de 100 kilómetros para acceder a él. Esto explica el esfuerzo que hace la Administración y que no tiene nada que ver con una intención premeditada de dar empleo, simplemente se crea por la prolongación de los servicios que se quieren prestar», reflexiona García Hernández.
El número de trabajadores públicos adscritos a la comunidad autónoma tiene, por tanto, todo el sentido en este contexto para los sindicatos. «El servicio público es el único que garantiza la igualdad entre todos los ciudadanos de Extremadura, independientemente de que vivan en un núcleo urbano o en un pequeño pueblo de la Sierra de Gata, porque son servicios públicos básicos que están garantizados por ley»,expone Marisol Salazar, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO.
Precisamente la defensa de que esos servicios sean públicos es la base de la argumentación de las asociaciones de trabajadores. «No sobra ni un sólo funcionario. Hay que pensar que de esos empleados públicos, un tercio son docentes, otro tercio son sanitarios y el resto da cobertura a otras áreas que son imprescindibles para prestar un buen servicio a los ciudadanos. Así que consideramos que el número está bastante ajustado», reflexiona Marisol.
¿Pero sabe la opinión pública cuánto cuesta pagar el sueldo de este colectivo? El artículo publicado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) estima que la remuneración de los asalariados públicos representa un 10,8% del PIB y más de la cuarta parte -25,89%- del gasto público total. Un precio que es caro o necesario según quién lo interprete.
Desde la Administración, José Antonio García Hernández, considera que la situación, económicamente hablando, es absolutamente sostenible. «Nuestro presupuesto está pendiente de estas necesidades y puede haber quien piense que es necesario reducir el número de empleados públicos… Yo creo que no. De hecho, opino que la situación es tan sostenible que genera empleo y actividad económica», argumenta el director general de Función Pública de la Junta.
La situación no está tan clara para todos, sin embargo. El pasado septiembre, el Gobierno central firmó un acuerdo con los sindicatos para impulsar la reforma de las Administraciones públicas. Los sindicatos reconocen que en la región hay un problema coyuntural y básico que es la falta de tejido empresarial. Pero puntualizan que eso no quiere decir que la Administración pública esté realizando un trabajo que debería hacerse en ese ámbito, más bien todo lo contrario.
Estos organismos se muestran totalmente contrarios a la privatización o externalización de estos servicios, que según ellos es lo que sucede en otras comunidades autónomas, y «por eso sus cifras de funcionariado son bastante menos abultadas», subrayan.
«Ahora mismo la única forma de disminuir el empleo público es que se encubriera con concesiones administrativas o a la empresa privada que seguirían saliendo de los presupuestos públicos, sólo que en un capítulo distinto al de la prestación directa», considera José Ignacio Luis Cansado, secretario de política sindical de FSP-UGT Extremadura.
«Nosotros defendemos el servicio público porque consideramos que su privatización, además de encarecerlo, no garantizaría el mismo servicio a todos los ciudadanos por igual. Lo que tenemos ahora es un servicio de igualdad y de solidaridad. Tenemos la experiencia de áreas concretas como la gestión del agua, que está prácticamente privatizada en todos los ayuntamientos y es más cara y no se ofrece la misma calidad de prestación», apunta CC.OO.
Para Luis Cansado, no tiene sentido que la iniciativa privada cubra esos servicios: «Lo que sucedería es que habría que pagar un precio igual o superior a la empresa privada y con eso no se va a generar empleo. No sería innovación, ni nuevas tecnologías, ni búsquedas de nuevos servicios empresariales en la región, sería crear un servicio que ya existe y que en lugar de desde lo público, se ofrecería desde el ámbito de lo privado, de manera que sólo se va a enriquecer una persona o varias en concreto que, en la mayoría de los casos, no reinvierten en Extremadura», opina.
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