* Son ocho entidades y se dedican a trabajar por la Memoria Histórica.
* Piden a la Audiencia investigar torturas, desapariciones y exilios.
* El juez dio 15 días para entregar la lista provisional que espera hoy.
Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica que solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el inicio de una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil presentarán hoy, a requerimiento del magistrado, un listado con los nombres de más de 100.000 personas, informaron a Europa Press los denunciantes.
La información recabada en los últimos días por estas agrupaciones responde a una petición realizada por el juez , que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes para aportar «una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación».
Los denunciantes presentarán además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Aportarán también datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos.
Denuncia de ocho asociaciones
El juez pidió en una providencia dictada el pasado día 2, celeridad en la aportación de pruebas «con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez» y «obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto».
Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada , Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español.
A todas las parroquias de España
El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».
Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.
En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara «a todas y cada una» de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
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