Mentes brillantes. Mucha vocación. Alta cualificación. Dedicación plena y evaluación de por vida. Es la radiografía de los científicos e investigadores del mundo, los mismos que con sus logros hacen que los países y la humanidad avancen. En el caso de los españoles, su desarrollo está más limitado. «No por la falta de talento», según apuntan desde plataformas como la Federación de Jóvenes Investigadores e Investigación Digna, sino porque «el modelo actual de investigación está en crisis». Los expertos lo tachan incluso de «tercermundista» y, según atisban, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que el pasado miércoles se aprobó en el Congreso de los Diputados, no augura muchas esperanzas para la carrera investigadora.
Los problemas actuales que desasosiegan a los científicos nacionales, y que pretende solventar la nueva ley, son cuatro: un marco normativo obsoleto (en 1986 nace la primera y única Ley de la Ciencia); un presupuesto del Producto Interior Bruto bajo con respecto a otros países; gran desequilibrio entre la inversión en el sector público y privado y, la más importante, la precariedad laboral. Todos estos factores, agravados por la actual crisis, que ha recortado el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación un 15% en 2010 y un 10% en 2011. Sin embargo, tanto la nueva norma como la recesión económica son vistas como una oportunidad por parte de los expertos «para cambiar el modelo productivo español, basado en el ladrillo y el turismo, por otro fundamentado en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)», opina Vicente Claramonte, presidente y portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI).
Modelo a base de becas
El principal problema, a juicio de este representante de miles de científicos, está en la falta de diseño de una carrera investigadora «profesional, estructurada y pensada para el largo plazo, como un itinerario de consolidación a partir de la excelencia. Así es como funcionan los países punteros en investigación de todo el mundo». En España, el modelo de la carrera investigadora está basado en ayudas concedidas por medio de becas para ir obteniendo mayor cualificación. Pero las salidas o plazas que surgen con carácter de permanencia son pocas, declaran.
La dificultad añadida de este sistema es que entre el plazo de finalización de una beca y la convocatoria y renovación de otra, el proyecto científico se puede tirar hasta año y medio paralizado sin ningún tipo de cobertura. Las opciones que le quedan al investigador son «seguir trabajando sin cobrar, en situación ilegal; desvincularse del proyecto y que se pierda todo el dinero invertido, o cuando se renueve, retomarlo, si es que se puede», señala Claramonte.
Inversión perdida
Con este panorama es como surge la consabida fuga de cerebros, eruditos formados «con dinero de todos los contribuyentes y que finalmente se consolidan y son amortizados y capitalizados en el extranjero», puntualiza el presidente de FJI. Las inversiones por persona pueden superar «el medio millón de euros. Si luego no los podemos estabilizar, ¿de qué sirve?», se pregunta Claramonte.
Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) informan de que se está haciendo un gran esfuerzo por mantener las plazas para la carrera investigadora. En 2009 hubo 6.107 plazas de empleo público en la Administración General del Estado (AGE), de los cuales un 4,62% (282 plazas) fueron para investigadores de organismos públicos de investigación dependientes del Ministerio de Ciencia e Innovación. En 2011 las plazas bajaron en toda la AGE a 1.085, mientras que el porcentaje de plazas para investigadores en centros del MICINN subió hasta el 8,6% (94 plazas).
Los que sufren de cerca esta descordinación consideran que queda mucho camino por recorrer, «sobre todo si España quiere mirarse en el espejo de los países que están por delante con modelos productivos realmente basados en I+d+i», matizan.
«Trabajamos sin previsión de futuro»
Ana López, 32 años. Química y restauradora
Ana López, de 32 años, es doctora en Bellas Artes y especialista en Química y Conservación en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Le apasiona su carrera, pese a todas las dificultades que entraña. «Lo peor es la estabilidad, que trabajamos sin ninguna previsión de futuro», apunta. Para Ana, la nueva ley no tiene visos de mejorar la precariedad laboral a la que están sometidos. «Teníamos esperanzas en la nueva norma, pero estamos igual que antes». Esta joven granadina también sufrió los efectos de los retrasos de las ayudas del Gobierno. Para paliarlos y terminar su investigación puso el dinero de su bolsillo, un gasto extra que ha perdido. «Estaba previsto que en la primavera del año pasado estuviera trabajando en el Centro de Investigación para la Conservación de Colecciones de París, como no llegaba el certificado, me arriesgué y me fui tres semanas para culminar mi trabajo», declara. La convocatoria, tras año y medio de espera se resolvió en febrero de 2011. Ahora trabaja con un contrato posdoctoral en la Universidad de Granada. En unos meses finaliza. Después, «pienso seguir en la investigación, a la espera de nuevos contratos. ¿Quién sabe? Lo único que sabemos es que es difícil seguir en un sitio más de tres años».