OPINIÓN
EDICIÓN IMPRESA – Colaboraciones
Los presos de Jericó y la autoridad palestina
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QUE el Kadima haya visto aumentar sus expectativas de voto tras el asalto a la prisión de Jericó no significa que la decisión de Ehud Olmert haya obedecido a un mero cálculo electoral. La captura de los seis presos de Jericó y su traslado a Israel para ser juzgados eran una aspiración irrenunciable del Gobierno israelí desde que un comando del Frente Popular para la Liberación de Palestina (el partido que George Habache fundó en 1967) asesinó el 17 de octubre de 2001 al ministro israelí de Turismo, Rehavam Ze´evi. De la determinación con que Ariel Sharón se propuso detener y juzgar a los culpables da cuenta el que no hubiesen pasado dos días desde el atentado cuando el entonces primer ministro anunció al mundo una «nueva etapa» en la lucha contra el terrorismo y ordenó al ejército israelí penetrar en los territorios palestinos, dando comienzo así a la que había de ser en efecto la fase más dura y trágica de la Segunda Intifada, esto es, la que culminó, ya en 2002, en los episodios del sitio de Ramala, el asedio de la Basílica de la Natividad y los combates de Yenín.
Durante aquellos largos y angustiosos meses Ariel Sharón no dejó ni un solo día de exigir que los asesinos de Ze´evi, a quienes Arafat había detenido o más bien refugiado en sus oficinas de Ramala, le fuesen entregados para ser juzgados en Israel, exigencia ésta que el presidente palestino se negó una y otra vez a satisfacer, con el argumento de que eso le haría perder la legitimidad ante su pueblo y desataría una guerra civil. Sólo la mediación de Washington hizo posible que en mayo de ese mismo año Sharon y Arafat llegaran al llamado «Acuerdo de Jericó», por el que Israel renunciaba a exigir la entrega de los prisioneros y accedía a levantar el sitio de Ramala, a cambio del firme compromiso por parte de la Autoridad Palestina de transferir a los detenidos a la prisión de Jericó, donde, para evitar el riesgo de que fueran liberados una vez abandonase Israel la zona, debían permanecer bajo la estricta vigilancia de oficiales británicos y norteamericanos.
El peligro que corría el contenido de este acuerdo si Hamás ganaba las elecciones empezó a ser evidente durante la campaña electoral, cuando Mahmoud Al-Zahar aprovechaba los debates televisados para hacer saber que, en caso de que su organización triunfase, las cárceles palestinas quedarían reservadas para traidores, espías y colaboradores de Israel, vaciándose en cambio de muyahidines y demás «héroes de la resistencia». Algo, pues, muy similar a lo que, desde su celda en Jericó, venía proponiendo el preso número uno, esto es, el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmed Saadat, a quien Israel tenía (y tiene) por el instigador y responsable intelectual del asesinato de Ze´evi. Desde el mismo momento en que ingresó en prisión y en todas las entrevistas que concedió desde allí, Saadat tuvo siempre mucho cuidado en enfatizar su nueva sintonía con Hamás al mismo tiempo que su cada vez mayor distancia respecto de la Autoridad Palestina, a la que acusaba explícitamente de someterse a las exigencias de Israel y Estados Unidos, al detener a los combatientes de la resistencia como si fuesen terroristas. A pesar de que por entonces no negaba su implicación en los hechos que se le imputaban («liquidamos a Ze´evi», reconoció en entrevista concedida en octubre de 2002), el líder del FPLP se defendía de la acusación de terrorismo, argumentando que la violencia era sólo un medio legítimo de combatir la «ocupación israelí». Pero, como con esta fórmula Saadat no se refería a lo que la comunidad internacional llama así, es decir, a los territorios ocupados, sino a «la tierra de la Palestina histórica», se entiende que, más allá de las diferencias que lo separaban de la organización islamista, diese prioridad en esos momentos a cuanto compartía con ella, es decir, el rechazo a la solución de dos estados para dos pueblos, la convicción en el carácter sagrado del derecho al retorno y la oposición a toda negociación y diálogo con Israel, al que sólo cabía enfrentarse con la fuerza de las armas.
Que el Frente Popular para la Liberación de Palestina haya sido, precisamente, el único partido que hasta ayer mismo parecía dispuesto a formar parte del nuevo Ejecutivo palestino, tendría, pues, su razón de ser, igual que la tiene el que el nuevo primer ministro, Ismail Haniyeh, haya dado a conocer su intención de sacar a los presos de las cárceles palestinas. Lo que, por el contrario, no parece tener mucho sentido ni lógica es que el presidente Mahmud Abbas haya estallado en cólera tras el asalto a la prisión de Jericó, acusando a Israel de violar todos los acuerdos, y que, en cambio, no se haya pronunciado en contra, sino todo lo contrario, de la intención de Hamás de liberar a los presos de la cárcel de Jericó, a pesar de que esto suponía una clara violación del acuerdo al que la Autoridad Palestina llegó con Israel y del que, muerto Arafat, él era ya el único garante. Todo esto viene a poner de manifiesto las dificultades con que sin duda tropezará la nueva estrategia que la UE ha diseñado para la zona y que, según se ha dicho estos días, consistirá en distinguir cuidadosamente entre el Gobierno de Hamás y la Autoridad Palestina, apoyando a ésta e ignorando a aquél. A tenor de lo visto estos días, parece lícito sospechar que, a pesar de las innegables disensiones entre Hamás y Al-Fatah, no siempre va a ser fácil distinguir entre ambos ni reforzar a Mahmud Abbas sin al mismo tiempo estar respaldando algunas de las decisiones del nuevo Gobierno de Hamás.
Hay, pues, motivos más que sobrados para preocuparse, como hace la Unión Europea, porque la figura del presidente de la Autoridad Palestina se esté debilitando, aunque quizá lo que está ocurriendo hoy en la zona se entiende mejor si, en lugar de ver en el asalto a la prisión de Jericó la causa de ese debilitamiento, se lo considera sólo una de sus primeras y quizá ni siquiera más graves consecuencias.
(*) Catedrática de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada