Un gran censo con los nombres de los desaparecidos durante el Franquismo, desde el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está dispuesto a iniciar una labor ingente de recogida de datos tras el primer paso dado ayer en el que solicita, mediante una providencia, información a numerosas instituciones que podrían albergar listados de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo para determinar si es competente para investigar estos hechos. Entre ellas, se encuentran la Iglesia, el Valle de los Caídos los ayuntamientos de cuatro ciudades, el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de la Memoria Histórica y el rector de la Universidad de Granada.
La investigación podría deparar el paradero de miles de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y de la que en numerosos casos no se tiene el registro de su fallecimiento, ni el lugar de su asesinato y entierro. Garzón ha asumido así la causa en la que llevan investigando durante años historiadores y familiares de las víctimas. Cientos de ellas, englobadas en ocho colectivos de recuperación de la memoria de histórica, solicitaron el 18 de julio del 2007 la persecución penal por delitos de lesa humanidad, ‘sacas’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
Garzón no ha admitido aún a trámite sus demandas, si bien ha iniciado esta recogida de información para armarse de argumentos jurídicos sobre los que poder desestimar o admitir a trámite la demanda. Si bien, a su juicio, parece quedar claro que en ningún caso se trataría de un caso de genocidio, que no prescribe según el derecho internacional. El término ‘desaparecidos’ se puede atribuir, según el historiador y catedrático de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, a unas 25.000 personas (las asociaciones por la Memoria elevan la cifran a entre 30.000 y 40.000 casos). “De ellas, será difícil localizar a más de 15.000 víctimas. Ha pasado el tiempo y muchos de las fuentes orales que podrían dar testimonio sobre su paradero han desaparecido”, afirma.
Archivos eclesiales
El paso dado ayer por Garzón llega después de que tanto el Ministerio de Defensa, como el de Cultura hayan sido incapaces de identificar qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron a raíz del alzamiento. En su providencia, Garzón informa a la Conferencia Episcopal de que deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posibles víctimas desaparecidas a partir de aquella época. A la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar. Esto último es, según Casanova, “el aspecto más sencillo de todo lo solicitado por Garzón, pues la abadía contiene un registro con el nombre de todas las personas enterradas, su fecha de traslado al valle y el lugar desde el que fueron traídos los restos”.
Según Casanova, en las criptas de los Caídos se encuentran sepultadas unas 30.000 víctimas, principalmente del bando nacional. Pero también fueron llevados allí, muchas veces a la fuerza y sin el consentimiento de las familias, cadáveres de republicanos, en su mayoría extraídos de las fosas comunes de numerosos cementerios de España. “El registro pertenece al Ministerio de Cultura y si se hace público se dará a conocer el paradero de muchos desaparecidos cuyas familias no saben que están enterrados en la abadía”, señala el catedrático.
La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación-. En concreto, Garzón se refiere a los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y el de San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla) y reclama que le informen sobre las circunstancias y hechos que ocurrieron para estos «enterramientos masivos», así como cuándo se produjeron.
Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga. Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Garzón requiere, por último, a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte también los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado «tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia».
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