– La Universidad rechaza ser juez sin opositar.
La reforma del sistema de acceso a la Judicatura y la Fiscalía planteada por el Ministro de Justicia si el PSOE gana las elecciones levanta ampollas entre jueces, profesores y estudiantes de Derecho.
Atraer a los estudiantes de las universidades públicas con mejores notas y «pescar allí donde están pescando los grandes despachos de abogados». Traducción: cómo ser juez sin tener que opositar. He aquí la última y controvertida propuesta lanzada por Mariano Fernández Bermejo, desde su puesto al frente del Ministerio de Justicia.
Envuelto en polémica desde que accedió al cargo, Bermejo se ha sacado un nuevo as de la manga al anunciar que, si el PSOE vence en las elecciones de marzo, impulsará la reforma del sistema de acceso a la judicatura. ¿Su objetivo? Permitir que los estudiantes con mejor expediente se conviertan en jueces sin tener que opositar y paliar, asimismo, el descenso del número de personas que se preparan para ser jueces o fiscales, que el propio Bermejo califica como «alarmante».
Los primeros en pararle los pies al titular de Justicia han sido sus propios compañeros de partido. Si el secretario de organización del PSOE, José Blanco, aseguró que «es una propuesta», la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no le fue a la zaga y señaló que «no está decidido que entre en el programa electoral».
La cautela de los políticos socialistas contrasta con las críticas que el plan ha desatado en la comunidad universitaria. «Las oposiciones garantizan que la gente está preparada y la imparcialidad. Son el mal menor, el método menos malo», aduce José María Suárez, director del Departamento de Derecho Moral y Política I de la Complutense.
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, no cree que «el sistema español garantice que el acceso a la profesión se haga de la mejor forma sólo con el título de licenciado». Freixes cita el ejemplo de Alemania, «sin oposición, pero con siete años de estudio y dos exámenes del Estado».
Pablo Sánchez-Ostiz, decano de Derecho de la Universidad de Navarra lanza un interrogante: «¿No sería más oportuno empeñarse en en fomentar estudios, en grado y posgrado, de gran calidad?».
Según Bermejo, el número de licenciados que se presentaron a las oposiciones pasaron de 6.000 en el año 2000 a menos de 4.000 en 2006. De las 150 plazas ofertadas en 2005, 15 quedaron desiertas, mientras que la cifra rebasó la treintena el pasado año.
El nuevo juez concebido por Bermejo debe ser un experto en Derecho y una persona «impregnada de vida, no alejada de la realidad». Una idea que se desmarca del actual modelo de oposición, que incluye la memorización de un extenso temario -el tiempo medio de preparación rebasa los 5,5 años- y un periodo de prácticas.
Para algunos, el aspecto a mejorar es precisamente ese último eslabón de la cadena. Según Marta Gisbert, docente de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, «quizás los cambios deben producirse entonces, alargando su estancia en la Escuela Jurídica e incorporando una preparación más cercana a la realidad».
Las voces críticas se alzan también entre los magistrados. Defienden que la titulación en Derecho es insuficiente, ya que existen temas específicos que sólo se preparan durante la oposición. Víctor Blanco, juez en Tenerife, califica de «injusta» la medida y asegura que «la oposición es el sistema que te asegura la igualdad, una garantía de que sabes todo y de que aprueba el más preparado».
La medida tampoco ha cosechado apoyos entre los jueces del futuro, hoy estudiantes. «Tener un buen expediente no significa que seas el más apto. La oposición es muy dura, pero eliminarla es excesivo y poco útil para mejorar la calidad de los jueces», recalca Pablo Fernández, alumno de Derecho en la Universidad de Granada.
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