– Discapacitados en la universidad
Los defensores universitarios piden matrículas gratuitas para este colectivo.
Las personas con discapacidad cada vez cuentan con más ventajas para llegar a la Universidad pública, algo que antes sucedía en mucha menor proporción. Si en 2004 las instituciones académicas andaluzas registraron 134 alumnos con discapacidad, en septiembre de 2007 la cifra ascendía a 1.380. La creación de medidas y leyes, como la de Dependencia o la Orgánica de Universidades (LOU), favorecen esta situación. Sin embargo, aún existen diferencias entre los gastos que tienen que afrontar los alumnos con discapacidad y el resto de estudiantes.
Ellos reclaman más inversión de las instituciones académicas y que se agilicen las gestiones que, en ocasiones, ralentizan el cumplimiento de las leyes. Es lo que ha ocurrido con la disposición 24 de la LOU que, desde la aprobación de la reforma de esta ley en 2007, dice que todas las personas con discapacidad están exentas del pago de la matrícula en todos los ciclos universitarios.
A día de hoy, cuando ya se ha cumplido el plazo de un año para ampliar la gratuidad de la matrícula, pocas universidades en España han dado pasos para cumplir la normativa. Entre ellas se encuentran la Universidad de Jaén y la Pablo de Olavide, que extienden dicha gratuidad a varias convocatorias en algunos o todos los ciclos, según explica Ignacio Ugalde, defensor de la Hispalense, quien ha canalizado la información aportada por los defensores andaluces sobre este tema.
Precisamente, éstos, junto con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, han firmado una carta dirigida a las universidades andaluzas y a la Consejería de Innovación (de la que éstas dependen económicamente), para pedir el cumplimiento de la orden de la LOU. Este mismo equipo ha elaborado a su vez un informe sobre la situación de los discapacitados en las universidades de la comunidad cuya publicación está prevista antes del próximo curso. En dicho estudio, los defensores proponen un incremento en las inversiones para mejorar servicios como las oficinas de atención a la discapacidad, el acceso al campus virtual, el acompañamiento o los fondos bibliográficos.
Pretendemos hacer cumplir la ley y reforzar el acceso y la permanencia de estos estudiantes, explica Ugalde. El informe, sin embargo, carece de un análisis profundo sobre el gasto que supone la Universidad para un alumno con discapacidad y viceversa. El equipo de defensores quiere llevar este texto ante el Parlamento Andaluz para conseguir apoyos.
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