El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, compareció ayer ante los medios de comunicación a las doce en punto de la mañana para proceder a la lectura solemne de un comunicado. Estaba arropado por su equipo rectoral y por representantes del colectivo de investigadores y de los sindicatos. Simultáneamente, los 50 rectores de las universidades públicas españolas leían ese manifiesto unitario en el que se denuncia el «deterioro irreparable» que sufrirá la educación superior si se consuman los recortes económicos previstos por el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía en sus presupuestos para el próximo año 2013.
En el caso de Granada, estos recortes son más que sustanciosos porque en este tijeretazo se suma lo que dejará de aportar la Junta en financiación a las universidades para nóminas, infraestructuras, etc. (unos 180 millones de euros en toda Andalucía), como los fondos que dejarán de captar la de las convocatorias del Estado y la Junta para financiar la investigación de proyectos concretos. Según fuentes consultadas por este periódico, Granada perdería una cuantía similar a la Hispalense sólo en la aportación de la Junta, ya que ambas perciben alrededor del 25% de los fondos autonómicos para educación superior, por lo que perderían una cantidad que rondaría los 43 millones de euros.
Es en esta situación en la que se enmarca el comunicado leído ayer en toda España y que en el caso Lodeiro y de los rectores andaluces se dirige tanto al Gobierno de la España como a la Junta de Andalucía ante la inminente aprobación de sus respectivos presupuestos.
La Universidad quiere tener y ser garantía de futuro. Por ello y ante la disminución planteada en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, los rectores de las cincuenta universidades públicas españolas y algunas privadas señalan: «Estamos trabajando para mejorar nuestro rendimiento, a pesar de los recortes presupuestarios que estamos sufriendo desde hace unos años».
El texto avisa de que los Presupuestos Generales del Estado contemplan un recorte del 18% en educación superior y otro del 80% en gastos no financieros en investigación, lo que «llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento».
Asimismo, se señala que tanto las comunidades autónomas como el Estado están «conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro imparable».
El texto pone en evidencia que frente al discurso oficial y ficticio de que España debe basar su crecimiento en el conocimiento y la investigación para superar el llamado modelo del ladrillo (el que se basa en la construcción), la práctica real es la de unos recortes que dejan vacío dicho eslogan. «Sin inversión en educación superior ni en I+D+i será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Y, sin conocimiento, no habrá progreso», se dice en el comunicado.
Los rectores afirman que las universidades «somos plenamente conscientes» de los «grandes esfuerzos que está haciendo la ciudadanía en estos años de crisis» y de la «complicada situación económica de nuestro país». Pero advierten de que, si los recortes siguen adelante, «no perderán solamente las universidades, sino que perderemos todos [en mayúscula en el comunicado]» y la sociedad española se quedará sin una de las «armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica: el conocimiento».
Es por todo esto que los 50 rectores españoles piden a las administraciones que «la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto» [subrayando y destacando en negrita la palabra inversión y la frase ‘y no como un gasto’].
Asimismo, piden que las universidades españolas, «tal y como ha solicitado recientemente la Asociación de la Universidad Europea (EUA) a los Jefes de Estado y de Gobierno europeos» puedan contar con una financiación pública «suficiente y sostenible y se fortalezca la autonomía universitaria para que puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin obstáculos».
Los máximos representantes de las universidades españolas brindaron, con este manifiesto, su colaboración con las administraciones públicas para resolver el grave problema económico, pero temieron que si las universidades pierden calidad perderá el conjunto de la sociedad.
Al finalizar el acto los investigadores de la UGR hicieron entrega al rector de una petición para que se sume a las movilizaciones que se van a organizar en todas las ciudades españolas el próximo día 19 a favor de la investigación en la Universidad pública.