avance de un informe de la agencia andaluza del agua
El ciclo integral del agua crea en Granada 2.000 empleos
Un informe encargado por la Agencia Andaluza del Agua estima que la gestión de los recursos produce en Granada algo más de 71 millones
maría de la cruz
sequía. El bajo nivel de los pantanos, como el de Canales –en la imagen–, hace necesaria una gestión integral de los recursos hídricos.
I. W.
@ Envíe esta noticia a un amigo
GRANADA. La gestión del ciclo integral del agua –todo lo relacionado con la captación, tratamiento y distribución de este recurso– crea algo menos de 2.000 empleos en la provincia, según un estudio encargado por la Agencia Andaluza del Agua a investigadores de toda Andalucía. Este número de trabajadores supone casi el 20 por ciento de todos los trabajos que se crean en la Comunidad Autónoma en torno a este recurso, que ascienden a 10.013.
Además, este gran número de trabajadores en torno al sector del agua sitúa a Granada como la segunda provincia andaluza con más trabajadores, algo que contrasta con el resto de indicadores del informe, ya que suele ir de la mano el tamaño y población de las provincias con las que más empleos generan.
Tan sólo la provincia de Sevilla crea más empleos que Granada en torno al agua, con más de 2.100, mientras que Málaga –con 1.749– y Cádiz –1.096–, son la tercera y cuarta provincia que más trabajos crea.
El resto de provincias de Andalucía no superan los mil empleos y es Almería, con 645, la que menos trabajadores tiene en este sector productivo, según el avance del informe Las cuentas del agua en Andalucía.
Sin embargo, a pesar de que Granada es la segunda provincia con más empleos en torno al ciclo integral del agua, en los valores de producción y de valor añadido, desciende varios puestos en comparación con provincias con más población. Así, las que generan un mayor volumen de actividad en torno a la gestión del agua son Sevilla y Málaga, mientras que Granada sólo ocupa la cuarta plaza por detrás de Cádiz. En términos de producción, Sevilla produce más de 184 millones de euros por los diversos usos del agua –agricultura, campos de golf, hidroeléctricas, aguas minerales y otros–, mientras que Málaga se queda por encima de los 140 millones.
Cádiz es la tercera provincia con más productividad en el sector de la gestión de los recursos hídricos con 115 millones de euros, tras la que se da un importante salto hasta la cuarta, Granada, con tan sólo 71,2 millones de euros de producción. Así, en este capítulo la provincia no supone ni siquiera el diez por ciento del total de productividad alrededor del ciclo integral del agua de los 772,4 millones totales de Andalucía.
Según el informe de los investigadores universitarios –uno de ellos pertenece a la Universidad de Granada–, las provincias que menos productividad generan alrededor del ciclo integral del agua son Almería, Jaén y Huelva, ya que este coeficiente guarda una cierta proporción con la actividad económica de la región y el número de población.
El avance del informe de las cuentas andaluzas del agua –que se presentará completo antes de verano– también analiza el valor añadido bruto que genera la gestión de los recursos hídricos en cada provincia. En este apartado, Granada desciende un puesto más en el global de Andalucía y se sitúa quinta, con un valor añadido bruto de la gestión del agua de 34,5 millones de euros.
De nuevo son Sevilla y Málaga las que encabezan este indicador con 84 millones de euros y 71, respectivamente, mientras que Cádiz se sitúa con 54 millones y Córdoba adelanta a Granada con 38,7 millones de euros.
El estudio además, apunta a los agentes privados o mixtos –junto con las administraciones públicas, como por ejemplo Emasagra–, como los principales protagonistas de las actividades económicas que forman parte del ciclo integral del agua en Andalucía. La tercera parte de la producción en este sentido, la crean los privados, mientras que las administraciones públicas sólo crean una cuarta parte. El avance del informe de las cuentas del agua en Andalucía explica que esta situación se fraguó en los años 80, cuando la mayor parte de los servicios pasaron a formar parte de privados al transferirlos los entes públicos.