Aseguran que la subida de precios públicos repercutirá en la demanda de la oferta académica
El Consejo Social de la Universidad de Granada reconoció ayer que la institución académica requiere una revisión de sus fórmulas de captación de recursos ya que la vía para incrementar la financiación no pasa por «repercutir los efectos de la crisis en las familias mediante el incremento de los precios públicos por servicios académicos». Cuestión esta última que, aseguran, incluso podría afectar negativamente a la demnda de la oferta académica de la Universidad de Granada.
En cuanto al incremento de la carga docente del profesorado, desde el consejo social aseguran que pese a estimar una disminución del gasto en este capítulo, este hecho puede repercutir negativamente en la calidad docente, en le desarrollo de la actividad investigadora y en la transferencia de conocimiento, «entendidos todos ellos como motores emergentes de respuesta y salida ante la crisis, y todo ello repercutir negativamente en nuestro entorno socioeconómico más inmediato».
Estas consideraciones del consejo social se produjeron ayer después de la sesión plenaria en la que analizaron los recortes y ajustes aprobados por el Gobierno de la Nación en el Real Decreto 14/2012.
Durante la reunión, los miembros del Consejo Social apostaron por tomar conciencia cuanto antes sobre el papel estratégico de la Universidad en la sociedad. Todos coincidieron en que la Universidad en un pilar fundamental del estado de bienestar del entorno socioeconómico desde el que se promueve el conocimiento y la formación cívica para fortalecer el espíritu crítico y democrático entrela ciudadanía, el desarrollo del capital humano y la innovación. «De su fortaleza depende gran parte del futuro que como sociedad pretendamos construir», argumentan.
Finalmente, el Consejo Social manifestó su voluntad de que se restablezcan los cauces de consenso y negociación que han permitido alcanzar los actuales niveles de calidad y eficiencia del sistema público universitario español aplicando el principio de autonomía universitaria en un entorno que permita su participación para una formulación de medidas dirigidas a afrontar la crisis mediante objetivos programados de contención de gasto instando al Gobierno a la paralización de las medidas del Real Decreto 14/2012.