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García Calderón, partidario de que la demolición de lo ilegal sea «la norma»

El fiscal superior de Andalucía cree que es lo adecuado en los delitos urbanísticos.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se mostró ayer partidario de aplicar la demolición «como regla general» cuando se produzca un delito urbanístico, de modo que la no aplicación de esta medida sea «una circunstancia excepcional».

El fiscal hizo esas declaraciones en el curso El Derecho a la vivienda en el marco de la legalidad urbanística que se celebra en Almuñécar organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada y el Consejo Consultivo de Andalucía.

«El problema fundamental es que otra de las grandes cuestiones, vinculada a la delincuencia urbanística, son las medidas cautelares. Son muy difíciles, comportan grandes riesgos y tienen que producirse desde el comienzo mismo de la investigación judicial de delitos urbanísticos y deberían ser objeto de una votación temporal», comentó.

El fiscal superior centró su intervención en explicar la filosofía y la penalidad que recoge el artículo 319 del Código Penal, que hace referencia a la situación de aquellos promotores o constructores o técnicos directores, que llevan a cabo una construcción no autorizada en suelo destinados viales, zonas verdes o lugares que tengan reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico o histórico cultural.

García Calderón, que reconoció que el sistema podría mejorarse para este sector del urbanismo y la parcelación ilegal e incidió en que la delincuencia urbanística «requiere una respuesta institucional coordinada».

Añadió que es un tipo de delincuencia que presenta un elenco de actividades delictivas muy diversas y heterogéneas. «Hay situaciones que afectan a particulares que se han visto abocados en esta situación por distintas circunstancias. También presenta caracteres de delincuencia organizada y por ello cada una tiene que ser examinada para los casos concretos», señaló.

Por eso, agregó, es urgente buscar «la aplicación uniforme» de la Ley Penal para que tenga el desarrollo adecuado del Estado de la autonomía.
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