La selección de personal público en Granada es la que más quejas suscita al Defensor del Pueblo
En el Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz hay un dato que sobresale con diferencia sobre todos los demás: 254. Es el número de quejas que recibió este organismo en 2008 procedentes del personal del sector público de Granada. Sólo Sevilla, con una población que casi la triplica se acerca a esta cifra al contabilizar 192 reclamaciones en el mismo ámbito.
Un concurso de oposición para el personal laboral fijo de la Junta de Andalucía, celebrado el pasado año, originó 172 del total de quejas entre los granadinos. Uno de los encargados de elaborar el informe en la oficina del Defensor del Pueblo, Manuel Martínez, explicó a este diario que «cuando hay un proceso con irregularidades los sindicatos se movilizan activamente y se generan una gran cantidad de protestas».
Otra de las convocatorias que suscitó un gran número de quejas el pasado año fue la promovida por el Consorcio Fernando de los Ríos, dependiente de la Consejería de Innovación y cuya sede está en Granada. «Las bases reguladoras de dicho proceso selectivo contenían diversos vicios contrarios al ordenamiento jurídico», explica el informe. Entre estas irregularidades, se destaca que el concurso carecía de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles; tampoco tenía un plazo para publicar la relación de participantes admitidos y excluidos, con los motivos que hubieran causado este descarte; ni un plazo para que los participantes pudiesen formular las objeciones a los méritos valorados; o un plazo para la reclamación definitiva de los seleccionados.
Por todo esto, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la institución que «modifique las bases del proceso selectivo y los estatutos del Consorcio Fernando de los Ríos».
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha registrado casi un millar de quejas del personal del sector público, 194 de la Junta de Andalucía, 142 de docentes, 169 sanitarios, 80 de Administración Local y sólo 3 de Justicia, entre otros.
Otro proceso que se cita especialmente en el informe es la anulación de una convocatoria para cubrir 72 plazas de la Policía Local del Ayuntamiento de Granada, correspondiente a la oferta de empleo público de 2006. El motivo que se adujo para esta anulación fue la necesidad de recortar gastos en la administración pública, lo que provocó las protestas de algunos granadinos. La oficina del Defensor del Pueblo no ha hecho ninguna anotación al respecto porque al cierre del informe todavía estaba trabajando en las actuaciones.
«El personal público es buen conocedor de sus derechos y les resulta ágil y barato presentar las quejas», apunta Martínez.
Muchas de las quejas fueron rechazadas por falta de datos, como es el caso de los profesores de religión de Granada, que denunciaban «el incumplimiento por parte de la autoridad educativa de los contratos indefinidos»; otras por no ser consideradas irregularidades, como es el caso de los trabajadores con contratos de colaboración social de la Universidad de Granada; o por desistimiento, los granadinos que denuncian «lo mal comunicada que estaba (antes de 2008) la costa granadina.
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