– Digo yo
EL conocido como Caso Nevada parece no tener fin y amenaza con convertirse en un culebrón en toda regla. Conocida es la proverbial lentitud de la Justicia, una lentitud que, aparte de llevar a la desesperación a los administrados, puede llegar a poner en tela de juicio lo que sea la propia concepción de la misma, dado que es harto conocido y, en muchos más casos de lo que sería deseable, padecido, que una justicia diferida se compadece poco, en algunas ocasiones nada, con la resolución ecuánime que los probos ciudadanos imploran con la urgencia que se supone al acudir a una instancia que dirima una litis entre partes.
El último episodio de este, al parecer, interminable caso tiene que ver, según se narra en la crónica periodística, con la falta de seguridad que, para vecinos y construcciones aledañas, comporta el estado en el que se encuentra la macro-superficie, cuyas obras se encuentran paralizadas por orden judicial. Ciertamente, que chapas de esa construcción hayan volado y una de ellas aterrizado en el tejado de una casa cercana producen el desasosiego de cualquiera de los habitantes de la zona. Una chapa de quince metros por tres, como se reseña en la noticia periodística, es una guadaña volante que puede causar desgracias irreparables. En definitiva, un comportamiento negligente en toda regla, con desprecio de la integridad de personas y de inmuebles.
Lo más sorprendente es que, en su día, el órgano jurisdiccional competente, a pesar de la paralización de las obras, atendió positivamente un recurso de la empresa para, precisamente, evitar que situaciones del género pudieran producirse. Por los resultados, no parece que el celo de la empresa en cuestión haya sido, al menos, el suficiente para velar de manera efectiva por la seguridad de los vecinos del entorno. Conocida es la tendencia a la picaresca de toda laya en nuestro país y cómo ésta se ha refinado hasta puntos insospechados, dando lugar a galimatías jurídicos que el contribuyente no alcanza a comprender, porque superan ampliamente los límites de la lógica más elemental.
En el auto de paralización, se recoge de manera taxativa que, con tal medida, «se protege el interés público por encima del interés de los particulares a concluir unas obras empezadas», razonando que la no paralización de las obras supondría «dar una apariencia de tolerancia hacia la ilegalidad con la multiplicación de fenómenos urbanísticos irregulares, aparte del daño grave que supone la destrucción de riqueza cuando un edificio totalmente acabado sea preciso demolerlo».
Y, digo yo, teniendo en cuenta el interés general, ¿no sería más plausible que, con un gracias por nada, se liberara al empresario de tanto desmán a cambio de la donación completa para ampliar el Campus de la Salud?