Incertidumbre. «Los profesores ayudantes doctores sin continuidad en las universidades andaluzas». Así es como titulan el comunicado conjunto que ha enviado este colectivo que denuncia que, a pesar de reunir las condiciones para su estabilización laboral, «su continuidad sigue en peligro y ni las universidades ni la Junta de Andalucía aclaran su postura».
Los efectos de los recortes se suceden. Este colectivo está con preocupación en todas las universidades. La UGR ha abordado la cuestión en Consejo de Gobierno no solo de esta categoría si no de todas. Buscan medidas, pero…
En el comunicado enviado por los ayudantes doctores, a nivel andaluz se denuncian varias situaciones. A continuación el comunicado íntegro:
«Los profesores ayudantes doctores son un personal docente e investigador joven pero que, como la certificación de sus méritos en las diversas agencias de acreditación atestiguan, poseen un currículo en algunos casos más que destacado; además este colectivo desempeña una parte importante de la carga docente en sus universidades. Para alcanzar la preparación que su currículum certifica, se ha invertido en ellos numerosos recursos públicos para garantizar su formación. No obstante, a día de hoy, los docentes que representan el porvenir de las universidades públicas andaluzas se encuentran desamparados y sin soluciones ante la perspectiva de perder sus puestos de trabajo.
Este colectivo, integrado por más de 500 docentes en las universidades andaluzas, ha establecido contactos para buscar soluciones a la situación planteada por la promulgación del Decreto-ley 1/2012 de la Junta de Andalucía. Dicha norma ha llevado a entender, equivocadamente, que la estabilización del profesor ayudante doctor en la figura del profesor contratado doctor no se pueda realizar. Se bloquea la posibilidad, prevista en el convenio colectivo, de que los profesores ayudantes doctores puedan concursar a una plaza de profesor contratado doctor, una vez conseguida –como han hecho ya buena parte de ellos- la acreditación correspondiente. Este es el camino natural para llegar a ser, posteriormente, profesor titular.
En otras comunidades autónomas (de diferentes signos políticos y algunas que también han acudido al Fondo de Liquidez Autonómico) siguen realizando concursos públicos o promoción automática para personal laboral. Incluso, la UNED que depende directamente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha sacado 74 plazas de personal laboral solo en 2012. Creemos que esta política conduce al desmantelamiento de la universidad pública andaluza, como demuestra el hecho de que en este curso se han quedado sin poder matricularse 2.500 alumnos en la universidad de Granada.
De mantener esta errónea interpretación, en los próximos tres años quedarán en la calle los más de 500 profesores ayudantes doctores que actualmente prestan sus servicios por todas las universidades andaluzas. La pérdida de este personal no es solo una tragedia individual, muchos de ellos jóvenes madres y padres. Supone, para las universidades y para el sistema universitario público andaluz, un desastre irreparable a corto y largo plazo. En el largo plazo supone eliminar al colectivo que constituye la cantera de la universidad andaluza y su natural relevo generacional. En el corto plazo supone, además, la imposibilidad para las Universidades de cubrir la docencia, altamente especializada, que estos profesores imparten en la actualidad, y la aportación científica del máximo nivel que estos realizan.
A pesar de reiterados contactos con rectores y sindicatos e incluso haberlo intentado con el Secretario General de Universidades, aún se desconoce una solución oficial. No obstante, según se ha conocido a través de contactos con distintos vicerrectores, políticos y sindicatos, la solución que se plantea desde la Junta con el beneplácito de las universidades andaluzas consistiría en la creación de una figura de profesor contratado doctor interino que les da carta blanca a las universidades para incumplir el vigente convenio colectivo y dejar en la calle a los profesores ayudantes doctores.
Así pues, este colectivo reclama una solución equiparable al resto de comunidades, digna, justa y segura que garantice la estabilidad de un colectivo formado en un ambiente internacional y competitivo, sobre el que se ha hecho una gran inversión (alrededor de 300.000 euros por profesor), y del que sería un error prescindir».
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