No admite a trámite, por segunda vez, un recurso del Ayuntamiento, que queda abocado a pagar una fortuna El Consistorio debe compensar a los damnificados
El Tribunal Supremo ha vuelto avalar la ilegalidad de las expropiaciones de determinados solares sobre los que hoy se levanta el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS).
En realidad, el Supremo ni siquiera ha entrado en el fondo de la cuestión. Se ha limitado a no admitir a trámite un recurso del Ayuntamiento de Granada que defendía la legalidad del proceso, lo que supone que la sentencia original, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pasa a ser firme -es decir, intocable- a partir de ese instante.
Es la segunda vez que ocurre. Ya el pasado mes de abril, IDEAL desveló la existencia de un caso prácticamente idéntico. Los responsables de la Gerencia de Urbanismo reconocieron entonces que era muy probable que llegaran más resoluciones de parecido tenor. Así ha sido.
La consecuencia práctica es que el Ayuntamiento queda abocado a desembolsar una fortuna para compensar a los perjudicados. Es imposible calcular la cantidad exacta, pero en ningún caso sería inferior a 18 o veinte millones de euros, lo que dejaría las arcas municipales en un estado más que crítico. Y eso ocurriría en pleno derrumbre de la economía.
Y 600 euros
Cabría otra solución, pero nadie la contempla por disparatada: devolver los terrenos a sus dueños primitivos, lo que supondría desmantelar el PTS. No es una exageración. Las primeras expropiaciones que invalidó el Supremo afectaban, según informó en su día la Gerencia de Urbanismo, afectarían al nuevo Hospital Clínico, a espacios libres, parcelas para empresas y zonas universitarias. También estaba implicada una parcela residencial de 4.862 metros cuadrados, entre los Laboratorios Rovi y las cocheras de la Rober. Por lo demás, el Ayuntamiento debe abonar 600 euros por las costas derivadas del recurso planteado ante el Supremo.
El germen de este embrollo está en un acuerdo del pleno municipal de Granada que se produjo el 27 de febrero de 1998, cuando la ciudad estaba gobernada con mayoría absoluta por Gabriel Díaz Berbel (PP). El Ayuntamiento aprobó ese día la relación de terrenos que debían expropiarse para ubicar el PTS y el sistema de tasación.El Consistorio negoció con algunos propietarios y alcanzó pactos sin tener que recurrir a medidas de fuerza. Pero otros impugnaron el procedimiento seguido y el TSJA acabó por darles la razón. El Supremo ha bendecido ahora, y por segunda vez, dicha resolución. Otro \’marrón\’ para el Ayuntamiento.
Descargar