¿Formar al profesorado de Secundaria en la Universidad de Granada?, ¿para qué?
SI hoy preguntáramos a cualquier español que haya vivido la transición si ha cambiado mucho nuestro país en las últimas décadas, nadie en su sano juicio sería capaz de responder negativamente. Si le pidiéramos que valorase esos cambios, ahora la respuesta no sería tan unánime. Pues bien, el motivo de este artículo tiene que ver con algunos cambios aún no alcanzados y, en concreto, con una dimensión social que ha permanecido estática (más bien en situación regresiva) desde inicios de los años 70 (¡del siglo pasado!). Nos estamos refiriendo a la Formación Inicial del Profesorado de Educación Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional). Si analizamos las salidas profesionales de nuestros abundantes licenciados nos daremos cuenta de que un alto porcentaje de ellos (con especial incidencia en las carreras de Ciencias y Humanidades, como Biología, Filosofía, Matemáticas, etc.) acaban siendo profesores de la citada etapa educativa, por lo que cualquier persona de a pie podría pensar que la Universidad les ofrecería una preparación básica para ello, Si además uno mira a su alrededor, bien hacia el Norte (UE) o hacia el Oeste (Estados Unidos o América Latina), se daría cuenta de que en esto nuestro país está prácticamente en el furgón de cola. Treinta años de Constitución no han servido para dotar de una formación docente digna de tal nombre a nuestros futuros profesores de Secundaria.
PERO, cabría preguntarse, ¿por qué razón esto ha sido así? La respuesta no es fácil, pero seguramente tendría que ver con la siguiente afirmación: «Porque a nadie le ha interesado». Los sucesivos gobiernos centrales han contemplado sobre el papel esta formación pero no han sabido llevarla a la práctica, porque han puesto sus prioridades en dejar su impronta ideológica en las alternantes y aceleradas reformas y contrarreformas educativas, y no han tenido la voluntad política necesaria para dignificar en todos los sentidos la profesión de profesor. Los gobiernos autonómicos necesitaban mayor capacidad normativa para elaborar un marco sobre la formación de los docentes, lo cual suponía mayor claridad de ideas y más dinero para las universidades y para los centros de prácticas. En el ámbito académico a las universidades (afortunadamente no a todas) les plantea nuevos retos cuya planificación y puesta en marcha supone un esfuerzo añadido a una tarea en la que no termina de creer y que les complica la existencia; a las facultades porque han ido elaborando los planes de estudio mirando más por los intereses de sus Departamentos que por los de sus futuros egresados. Como reza el dicho «entre todos la mataron y ella sola se murió», la responsabilidad compartida de distintos agentes e instituciones sociales facilita a cada uno de ellos la coartada para su inhibición.
LA actual formación inicial del profesorado (conocida por las siglas CAP, Certificado de Aptitud Pedagógica) surgió, con precedentes anteriores en la década de 1960 para terminar siendo sancionada por la Ley General de Educación de 1970, como consecuencia de la primera -y necesaria- gran reforma educativa del franquismo. Contemplaba este Certificado como condición imprescindible para acceder al funcionariado docente y poseía una parte teórica y otra práctica, que se podía realizar simultaneándolo con el último año de carrera. Este primer paso era menos que nada, aunque no dejaba de ser un \’salvavidas\’ que pronto fue desinflándose en cuanto a rigor y exigencia a la espera de los reiterantes anuncios de su reforma. Mientras tanto la sociedad cambiaba vertiginosamente y con la LOGSE se ampliaba la edad de la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años, a la par que los antiguos profesores de Bachillerato (BUP) debían de asumir el tramo de los 12 a los 14 años. La coctelera se agitaba.
EN este periodo los sucesivos informes de evaluación PISA han ido poniendo en evidencia las limitaciones de la formación de nuestros jóvenes en las áreas de conocimiento evaluadas, generando una lógica preocupación y cierta alarma social. En este debate algunas mentes lúcidas volvían los ojos a otros países mejor situados en ese ránking y ¡oh sorpresa! coincidían con que la formación del profesorado de sus sistemas educativos era mucho más exigente y sólida que en el nuestro, siendo una de las variables más destacadas por los estudios internacionales.
Cada nueva administración educativa ha traído su propuesta de cambio en la formación inicial de este profesorado con sus diferentes acrónimos (CCP, TED) y promesas incumplidas. Parece ser que, ¡al fin! la irrupción del manido \’Espacio Europeo de Educación Superior\’ (o \’Bolonia\’ como gustan llamar algunos porque, además, resulta más corto) proporcionó un marco adecuado para que dicha formación encontrara su cobertura legal. Ello, unido a la voluntad y buen hacer del Instituto Superior de Formación del Profesorado en la última etapa del antiguo MEC, permitió llevar a buen puerto el \’Máster en Profesorado\’ ratificado por el Real Decreto 1834/2008 del Consejo de Ministros del pasado 8 de noviembre (BOE del día 28 del mismo mes). No sólo es necesaria una apuesta decidida por una verdadera formación específica para el ejercicio profesional de la docencia (puesta en evidencia por abundante investigación y por los resultados de algunas \’buenas prácticas\’ docentes), sino que también esté avalada y encuadrada por el marco legal existente.
Tampoco esta última etapa está exenta de dificultades. Algunos estudiantes ven el cambio desde la óptica de que van a tener que estudiar un año más (lo cual es una falsedad interesada) para poder ser profesores, ¿qué deberían, entonces, decir los médicos que han de hacer el MIR? Algunas facultades han visto este Máster como una perversa competencia para los propios postgrados (¡!). Pero también han existido apuestas valientes por parte de algunas universidades que en estos años han tratado de anticiparse a las reformas postergadas y elaborar sus propias ofertas formativas (La Laguna, Alcalá, Autónoma de Barcelona, Lleida, Cádiz ).
ANTE este reto ¿qué hace la Universidad de Granada? Lamentablemente nada. En recientes declaraciones de nuestro rector ante los directores de Departamento expresaba que nuestra Universidad no disponía de recursos para asumir este Máster. Ello, a pesar de su promulgación legal y del capital humano y científico que la Universidad posee en el ámbito de la docencia e investigación educativa. Parece que en este caso no queremos estar en la \’champion league\’ de las universidades andaluzas (como sí lo estamos en otros ámbitos del conocimiento), cuando nos hallamos ciertamente capacitados para organizar y llevar a cabo un Máster para la formación del futuro profesorado de Educación Secundaria con garantías científicas y académicas, e incluso con las necesarias exigencias innovadoras que nuestra época y la situación de Andalucía imponen. ¿Vamos a dejar que nuestros licenciados emigren a Málaga (que acaba de presentar su proyecto de Máster), a Almería ? Antes no había pelota, ahora está en el tejado del gobierno de nuestra Universidad.
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