La mitad de los edificios sufriría graves daños con un terremoto como el previsto
La capital soportaría mejor que el resto de la provincia el seísmo Los inmuebles anteriores al año 1974 y los que están construidos con adobe, mampostería no reforzada o ladrillo son los más vulnerables
RAFA LÓPEZ/GRANADA
EXPERTO. Francisco Vidal, en Alhucemas (Marruecos), tras el seísmo de 2004 . /EFE
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Más de la mitad de los edificios de la provincia resultaría con daños graves o muy graves en caso de que se produjera un terremoto de magnitud de 6,5 grados en la escala Richter. No es una conjetura formulada porque sí, sino porque un seísmo de esas características es el que los especialistas calculan se puede producirse en Granada con un 65% de probabilidades en un plazo de 500 años. Aunque la peligrosidad sísmica de Granada no está a la altura de otras zonas como Grecia o Japón, sí es cierto que la provincia está en los niveles más altos dentro de España a este respecto.
Una falla situada en los alrededores de Sierra Elvira se encuentra activa y es la que podría desencadenar este movimiento sísmico. La última sacudida fue el 5 de enero. Cada año la provincia sufre al menos cuatro terremotos de cierta entidad.
Pues bien, según los datos que maneja Francisco Vidal -uno de los máximos especialistas en la materia, profesor de la Universidad de Granada y miembro del Instituto Andaluz de Geofísica- en la provincia hay aproximadamente 240.000 edificios, de los que 57.000 sufrirían previsiblemente daños muy graves y otros 93.000 sufrirían daños graves. Los daños leves afectarían a unos 83.000 inmuebles, mientras los otros 7.000 no se verían afectados.
De acuerdo con estas cifras, bastante más de la mitad de los edificios de la provincia se resentirían de forma apreciable si se produjera el terremoto que se espera.
Por lo que respecta a la capital, y siempre con un seísmo de características similares, 1.220 viviendas -«no edificios, sino viviendas en este caso», resaltó Vidal- quedarían completamente colapsadas, mientras que 8.350 llegarían a padecer daños muy graves y otras 24.500 quedarían con daños graves. Según los cálculos que se han realizado, 39.000 viviendas acabarían con un daño moderado y otras 32.000 quedarían sin secuelas.
Dos clases
Sobre este aspecto se han realizado dos tipos de estudios: uno, a través de los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística teniendo en cuenta variables como tipología del edificio, antigüedad o altura. El segundo tipo de estudio se ha realizado mediante un programa informático de simulación denominado SES 2002. Según la información aportada por Francisco Vidal, este programa es utilizado por Protección Civil. Introduciendo determinados datos del territorio que se desea examinar -un municipio, una provincia, una comunidad autónoma- esta aplicación hace una estimación aproximada de las consecuencias que podría acarrear un terremoto.
Estos resultados evidencian que la provincia está peor preparada que la capital ante un posible seísmo de relevancia.
Por lo que respecta a las investigaciones que se realizan, Francisco Vidal destacó que el Instituto Andaluz de Geofísica -que tiene su sede en el observatorio de Cartuja- y la Universidad de Granada intentan evaluar actualmente, a través de diversos grupos de trabajo, la vulnerabilidad y el comportamiento de los edificios. Uno de los medios para establecer pronósticos es el de la resistencia de los materiales.
Un buen referente para estos estudios, apuntó Vidal, es el caso de Irpinia (Italia), que sufrió un terremoto impresionante, de intensidad 8, en 1980. En aquel entonces se evaluaron miles de edificios, «y todo ello se ha tenido en cuenta en las edificaciones analizadas en Andalucía».
Una vez acabe esta fase de estudio de la vulnerabilidad y el comportamiento de los edificios, las previsiones son las de que cada municipio -especialmente, los que presenten mayores probabilidades de riesgo- elabore sus planes de actuación ante posibles terremotos.
Ductilidad
Francisco Vidal formó en su día parte del grupo de expertos que prestó asesoramiento para redactar la normativa legal que regula la sismorresistencia de los edificios. El criterio de ductilidad de los inmuebles ante eventuales sacudidas, que se incorporó en esta ley, es una de las aportaciones más interesantes, manifestó este especialista. «Este criterio permite que los edificios no se colapsen aunque sufran daños», sentenció, y agregó que lo importante es que no haya daños estructurales graves.
Los edificios que resultarían más perjudicados por el eventual movimiento sísmico son, en general, los construidos antes de 1974, año en que por primera vez la ley obligó a los constructores a emplear medios sismorresistentes en las edificaciones. En el año 1994 se perfeccionó esta normativa legal antisísmica y finalmente en 2002 se publicó el texto legal más reciente.
Hay que tener en cuenta que, según los datos del Ayuntamiento de Granada, la mayoría de los inmuebles -las tres cuartas partes- datan de antes de 1974. Los datos aportados por la Gerencia de Urbanismo de basan a su vez en los que dispone la oficina del Catastro.
A pesar de que, como criterio general, rige el principio de que a mayor antigüedad de un inmueble más grande es el peligro que pende sobre él, hay excepciones: los edificios históricos, perfectamente construidos, han demostrado un buen comportamiento pese a los años e incluso siglos que acumulan.
A juicio de Francisco Vidal, la presencia de muros de carga es muy útil para incrementar la resistencia de los edificios. De la misma forma, las construcciones que revisten mayores riesgos son aquellas que están hechas de adobe, de mampostería no reforzada o de ladrillo y que ya se encuentran en fase de degradación. «Estas construcciones son las más amenazadas por los terremotos, y por eso es necesario que las tengamos muy localizadas para poder intervenir en caso de que se produzca un movimiento sísmico», apostilló.
Más peligros
Otros edificios con los que hay que tener especial precaución son los antiguos que están deshabitados aunque en sus bajos se hayan ubicado comercios o negocios. A pesar de que la instalación de estas actividades suele ir acompañada de reformas en el local -en el bajo-, los edificios no se ven reforzados estructuralmente, con los consiguientes peligros que pueden derivarse. Para minimizar riesgos, el Ayuntamiento viene exigiendo una ITV a los inmuebles con más de 50 años.
rafalopez@ideal.es
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