Los jueces deciden el miércoles si se suman al paro para exigir mejoras
La amenaza de huelga anunciada para el mes de junio por las cuatro asociaciones de jueces ha disparado las alarmas y ha abierto un debate, con opiniones para todos los gustos, sobre el derecho a la huelga de un colectivo, cuyos miembros forman parte de uno de los pilares del Estado.
Las reivindicaciones de los magistrados coinciden en el tiempo con la crisis económica, que en la actualidad colapsa los juzgados de lo Social, y con el ´caso Mariluz´, el fatal episodio de la niña de Huelva que ha dañado la imagen de la justicia.
Los casi 70 jueces unipersonales que hay repartidos por los juzgados de la provincia están llamados este mismo miércoles a una junta provincial donde decidirán si se suman a la protesta formulada por las cuatro asociaciones. El juez decano de Granada, Antonio Moreno, expresó hace unos días que espera que el respaldo sea «mayoritario».
Ante el órdago lanzado por los jueces si no se atienden sus reivindicaciones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, insistió la semana pasada en que los magistrados tienen «recortados sus derechos». Un dato que dice mucho a favor de la protesta de los jueces: sólo en Granada capital, a fecha de 30 de septiembre -los últimos datos disponibles facilitados por los tribunales de justicia-, los distintos órganos jurisdiccionales tenían pendientes 26.810 asuntos.
Versiones. La discreción que caracteriza a los jueces no ha hecho sencillo recabar su opinión sobre dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, si está suficientemente motivada la huelga, y, por otro lado, si a los jueces les asiste el derecho de huelga. Sirva a modo orientativo la voz de dos magistrados, un catedrático en Derecho y la de otros agentes que tienen un papel activo en la administración de la justicia.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Gregorio Cámara Villar, opinaba en un artículo en este mismo diario que era «insólito y desconcertante» que se reclame el derecho a la huelga de un poder del Estado y que lo hagan precisamente quienes son sus portadores. Entendía que para canalizar sus reivindicaciones, existen otros cauces: a través de las asociaciones que les representan o por medio del Consejo General del Poder Judicial. «Más que una huelga, sería, dicho levemente y con la contención que requiere el caso, una revuelta de un poder del Estado contra los otros poderes, a los que pretende presionar por cauces ilegítimos», argumentaba.
El juez de instrucción 9 de Granada y miembro de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis Ruiz Martínez, cree, sin embargo, que la protesta está justificada porque «el modelo actual no funciona», aunque no cree que se lleve a cabo la huelga puesto que «hay voluntad por ambas partes para negociar».
«Es verdad que la justicia es un poder del Estado pero nosotros somos operadores de la justicia y la huelga es una posibilidad que hay que contemplar porque es legal», suscribe Ruiz Martínez, quien apunta que ya hubo en el pasado paros de jueces en Francia. «El sentimiento interior que tienen muchos de mis compañeros es que no estamos dando lo que los ciudadanos merecen», admite.
Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, se muestra abiertamente contrario a la huelga porque considera que «no es el momento oportuno» A su juicio, no deben ir mezcladas las reivindicaciones materiales con las salariales.
Considera que la falta de medios en la justicia es un mal endémico aunque reconoce que en los últimos años la administración ha hecho un «esfuerzo impresionante» para mejorar su funcionamiento. La responsabilidad de la actual situación, asegura, no es sólo atribuible a la clase política sino también al Consejo General del Poder Judicial.
«Creo, y tal vez pueda parecer una opinión disparatada, que lo males de la justicia tal vez se arreglarían modificando la Constitución y suprimiendo el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces hacemos oposiciones para poner sentencias, no para hacer política», recuerda. «Aunque me apetezca hacer huelga en ´castigo´ por determinados funcionarios judiciales que hacen política, creo que por respeto a la ley, que es el último asidero que me queda, no debo hacer huelga», estima.
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