El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se ha mostrado hoy partidario de aplicar la demolición «como regla general» cuando se produzca un delito urbanístico, de modo que la no aplicación de esta medida sea «una circunstancia excepcional».
El fiscal ha hecho estas declaraciones con motivo del curso «El Derecho a la vivienda en el marco de la legalidad urbanística» que se celebra por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada y el Consejo Consultivo de Andalucía, en Almuñécar. García Calderón ha hablado en su ponencia sobre «La perspectiva de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo» y ha considerado asimismo que en este ámbito confluyen muchas cuestiones.
«El problema fundamental es que otra de las grandes cuestiones, vinculada a la delincuencia urbanística, son las medidas cautelares. Son muy difíciles, comportan grandes riesgos y tienen que producirse desde el comienzo mismo de la investigación judicial de delitos urbanísticos y deberían ser objeto de una votación temporal», ha comentado.
El fiscal superior ha centrado la mayor parte de su intervención en explicar la filosofía y la penalidad que recoge el artículo 319 del Código Penal, que hace referencia a la situación de aquellos promotores o constructores o técnicos directores, que llevan a cabo una construcción no autorizada en suelo destinados viales, zonas verdes o lugares que tengan administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico o histórico cultural.
García Calderón, que ha reconocido que el sistema podría mejorarse para este sector del urbanismo y la parcelación ilegal, se ha referido a los problemas técnicos y jurídicos en esta materia, y ha considerado que la delincuencia urbanística «requiere una respuesta institucional coordinada».
Al respecto, ha añadido que es un tipo de delincuencia que presenta un elenco de actividades delictivas muy diversas y heterogéneas.
«Hay situaciones que afectan a particulares que se han visto abocados en esta situación por distintas circunstancias. También presenta caracteres de delincuencia organizada y por ello cada una tiene que ser examinada para los casos concretos», ha señalado.
Para García Calderón, es urgente buscar «la aplicación uniforme» de la Ley Penal para que tenga el desarrollo adecuado del Estado de la autonomía.
El fiscal ha dicho que el verdadero efecto disuasorio en la delincuencia urbanística es un efecto de naturaleza económica y muy vinculado a la real y efectiva demolición de lo construido, ya que ha sido alterada contraviniendo la legislación urbanística.
Por otra parte, ha manifestado aunque los instrumentos legislativos sean muy defectuosos y tengan que ser modificados, no impide el que sí se pueda combatir la delincuencia urbanística.
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