La Ciudad ofrece su colaboración para ampliar el Campus y sus titulaciones
El Gobierno local propone extender las instalaciones a los terrenos que ocupa la Shell y se compromete a financiar las matrículas de los universitarios
VENTURA GARCÍA/MELILLA
CAMPUS. La Ciudad está dispuesta a colaborar con la Universidad en ampliar sus instalaciones. / SUR
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Política de largo recorrido
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El presidente de la Ciudad anunció ayer que su Gobierno pretende seguir colaborando con la Universidad de Granada y que lo hará buscando fórmulas para ampliar las instalaciones del Campus de Melilla e incrementar el abanico de titulaciones.
Juan José Imbroda considera que la infraestructura del campus está muy condensada en 14.000 metros cuadrados y que, por tanto, sería preciso aumentar la superficie actual. En este sentido, el líder del Ejecutivo ya transmitió el martes al director general de Universidades, Javier Vidal García, su predisposición a colaborar en la búsqueda de soluciones, soluciones que podrían pasar por ocupar los terrenos que ocupan hoy en día los depósitos de la Shell. En cualquier caso, y aunque se trata sólo de una idea, el Gobierno popular confía en que la empresa mantenga su pretensión de trasladarse al puerto.
También confirmó el presidente que existe voluntad, por parte de su Ejecutivo, de habilitar fórmulas para que el Campus amplíe su oferta de titulaciones implantando las de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Turismo, Informática de Gestión, Educación Social y Trabajo Social. El objetivo, como explicó Imbroda, es extender el campo de la enseñanza con especialidades y carreras que respondan a las demandas de los melillenses y que atraigan la atención de los estudiantes marroquíes. Nador se encuentra, comentó, en un periodo de desarrollo que podría aprovechar el Campus para convertir a la ciudad en destino de jóvenes extranjeros.
Otro de los propósitos del Ejecutivo autonómico es también que las matrículas universitarias sean gratuitas para los melillenses. Con esta iniciativa, que ya pasó por Consejo de Gobierno, se persigue el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior de todos los ciudadanos y evitarles un gasto que, por año y persona, asciende a unos mil euros de media.
Se trata, en opinión de Imbroda, de una importante medida que fomentará el Gobierno a pesar de que la Educación es una competencia de la Administración central, a quien corresponde solucionar problemas tan graves como el fracaso escolar.
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