OPINIÓN
TRIBUNA
Algunas opiniones políticas recientes en Andalucía
JOSÉ CAZORLA/
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LA conexión entre la Universidad de Granada y los medios de comunicación se refuerza constantemente, tanto por el interés -cada vez mayor- de estos por las novedades universitarias, de importancia básica en nuestro entorno, como por la necesaria proyección de aquella ante la opinión pública, en la inmensa diversidad de aspectos que le conciernen.
Uno de los instrumentos de mayor utilidad de que se dispone en esta Universidad a este respecto -especialmente en aspectos socio-políticos- es, desde hace más de doce años, un grupo de investigación (CAPDEA), catalogado oficialmente de excelencia, el cual viene semestralmente realizando encuestas en nuestra región sobre tales cuestiones. En estrecha vinculación con las Universidades de Santiago de Compostela, Autónoma de Barcelona y País Vasco, se consigue una interesante comparación interregional con las actitudes y opiniones de sus habitantes en tales aspectos. En algún momento próximo dedicaremos otro espacio a ellos, pudiendo sólo ceñirnos en este momento a lo que comentan los andaluces en estos rigurosos estudios de prospección social y política. Y decimos rigurosos tanto por el prestigio del equipo que compone este grupo, casi en su totalidad procedente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, como por su larga experiencia en la aplicación de las últimas técnicas de sondeo, siempre explicitadas en las fichas técnicas que las acompañan. En ellas no se admiten motivaciones no científicas o sesgos interesados.
El último de estos trabajos, recién publicado (EGOPA, otoño 2005), analiza una encuesta efectuada en nuestra región entre el 15 de noviembre y el 4 de diciembre pasados, con 3.200 entrevistas telefónicas en las ocho provincias, mediante un sistema de fiabilidad técnica muy conocido, con un bajo nivel de error muestral (+/- 1,7%).
En lo posible, parece preferible no abrumar a los lectores con un amontonamiento de cifras sobre las diversas opiniones, por lo que sólo acudiremos a ellas cuando sea indispensable. Ante todo, se aprecia un cierto escepticismo en los andaluces respecto a la marcha de la economía regional, de manera que aproximadamente los dos tercios la califican de mala o muy mala. Ello no es de extrañar si tenemos en cuenta que desde hace ya medio siglo venimos ocupando, junto con Extremadura, los dos últimos lugares en las rentas p.c. del país. Lo que no obsta a que dos provincias, Málaga y Almería, hayan mejorado relativamente de posición, respecto a las demás, sin lograr -sin embargo- que su peso sea suficiente para cambiar la situación del conjunto regional. Algo más equilibrada queda la situación política, con proporciones similares (poco más de un tercio entre los que la consideran positiva o negativamente). Más de la mitad (frente a un tercio), se declaran partidarios de que Andalucía goce de mayor autonomía, y una proporción similar aprueba que se modifique el Estatuto de la región, con la condición de que aumente su autogobierno.
A lo que se oponen más de las tres cuartas partes es a la introducción de la palabra nación formalmente en los Estatutos de Autonomía. Personalmente opino que -como grupo con una conciencia e identidad histórica muy definidas y concretas, y sin derivaciones necesariamente políticas- podría aceptarse, pero desde luego es un tema a discutir, y no en este lugar. Lo que naturalmente implica que -según la encuesta- el 70% (y en eso apenas hay alternativas), nos consideremos tan andaluces como españoles. En cuanto se pregunta por los principales problemas que afectan a Andalucía, y desde más tiempo del que se vienen haciendo encuestas, el primer problema que se menciona es el paro -en 2005, citado nada menos que por el 71% de los encuestados-. (Cosa que produce cierta extrañeza ante la abundante presencia de inmigrantes aquí, salvo que tengamos en cuenta que ya hay trabajos que son rechazados con cierta frecuencia por nuestros coterráneos). Pero en todo caso, no es de extrañar así que, en una Comunidad Autónoma que nunca ha sido -no ya favorecida, sino ni siquiera equiparada a las favorecidas- un porcentaje del 80% de sus habitantes considere que otras han recibido desde siempre un trato de favor como más recientemente estamos cristalinamente comprobando. El hecho es que se mantienen apreciables diferencias, no ya obviamente con los inmigrantes, sino todavía con otros españoles, aunque mucho ya menores. Diferencias que en cinco décadas no han disminuido lo suficiente. Y no parece estarse haciendo lo que sería necesario, según la Constitución, sino casi al contrario. Personalmente no creo que la reforma del Estatuto vaya a contribuir mucho a mejorar la situación económica y de poder de nuestra Comunidad, ante el panorama del conjunto español.
Serían muchas las deducciones que cabría extraer de este interesantísimo estudio, que por supuesto requiere tan detallados comentarios como elogios, pero al menos vale la pena que contribuyamos a que los lectores tengan noticia de una de las de las más valiosas aportaciones que nuestra Universidad acaba de hacer al conocimiento de nuestra propia realidad sociopolítica y económica.
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