El arzobispo intenta, de nuevo, evitar la acción de la justicia civil ordinaria

El arzobispo de Granada pretende, de nuevo, evitar la acción de la justicia civil ordinaria, y ha presentado un recurso ante el juzgado de Instrucción 1 en el que plantea un conflicto de competencias apelando a caducos privilegios.

Monseñor Martínez Fernández pretende que el juzgado se inhiba a favor de la jurisdicción eclesiástica en la querella que ha presentado en su contra, el sacerdote Javier Martínez Medina por los supuestos delitos de calumnias, injurias, acoso moral, lesiones y coacciones, según ha sabido esta redacción en fuentes jurídicas.

El pasado 21 de febrero, el juzgado de primera instancia número 5 de Granada, ya desestimó el recurso del arzobispo en el mismo sentido. Los tribunales entendieron, entonces, que la demanda de conciliación interpuesta por el sacerdote y profesor universitario contra el arzobispo por injurias y calumnias no tenía nada que ver con el ámbito de actuación de la jurisdicción de la Iglesia, que entiende de relaciones entre eclesiásticos.

En aquel momento, el abogado del profesor Martínez Medina entendió que su defendido podía defender sus derechos ante los tribunales españoles como ciudadano que es.

Monseñor Martínez Fernández, una vez que el sacerdote y profesor ha presentado una querella en su contra por los delitos mencionados, incluido el acoso moral, pretende, de nuevo, apelar a unos supuestos privilegios que los últimos acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede derogaron.

Lo curioso de este caso es que el sacerdote y profesor ya acudió en su día a la justicia eclesiástica que pudo la resolución del conflicto en manos del arzobispo, que es la máxima autoridad en su diócesis por encima de cualquier decisión. De esta manera, la Rota convertía al querellado en juez y parte, por lo que querellante decidió acudir a los tribunales ordinarios para actuar bajo el amparo de la Constitución.

La querella

El sacerdote y profesor de la Facultad de Teología, Javier Martínez Medina, interpuso a finales de febrero pasado una querella contra el arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez Fernández, por “calumnias, injurias, acoso moral, lesiones y coacciones”, según fuentes judiciales.

Ni el profesor ni su abogado han querido realizar ningún tipo de declaración pública, aunque fuentes cercanas al caso han asegurado que las acciones penales emprendidas son fruto del “auténtico acoso que ha sufrido el profesor, desde que monseñor Martínez fue nombrado arzobispo de Granada, procedente del obispado de Córdoba”, y que ha tenido su máximo exponente en la decisión oficial de suspenderle en su ejercicio sacerdotal.

Las mismas fuentes indican que el prelado comenzó la persecución hacia el canónigo, hecho ampliamente conocido en ambientes eclesiásticos y universitarios, por su vinculación con CajaSur.

Fuentes judiciales han indicado que es la primera vez que en España, un arzobispo es llevado a los tribunales, acusado de calumnias, injurias, acoso moral y coacciones.

En el entorno del sacerdote, ahora suspendido “ad divinis”, se comenta que, desde que fue destituido también como archivero de la Catedral, las coacciones han sido continuas. La gota que colmó el vaso fue que el arzobispo le acusara por escrito de “apropiación indebida” en relación con la publicación del libro de la Catedral de Granada, paralizado por el propio prelado.

El sacerdote interpuso, entonces, una demanda de conciliación, que se vio en el juzgado el pasado lunes. Fuentes cercanas al profesor han confirmado a esta redacción que días antes de la citación judicial, el arzobispo ya amenazó al sacerdote con suspenderle de sus funciones como cura, como al final ha hecho, si no retiraba las acciones por la vía judicial ordinaria.

Finalmente, el prelado ha cumplido lo que, en el entorno del sacerdote, se considera como “su amenaza”. El entorno de Martínez Medina ha mostrado su extrañeza por que el arzobispo haya recriminado permanentemente al cura el escándalo público que el proceso ha supuesto y el mal que ello provoca a la iglesia; cuando, dicen las mismas fuentes, ha sido el propio Arzobispado el que ha filtrado la noticia de su suspensión “ad divinis” como cura.

Los antecedentes

Antes de tomar posesión como arzobispo de Granada, monseñor Martínez, prohibió al profesor Martínez Medina presentar una revista de CajaSur en homenaje a Antonio Cañizares, indican fuentes eclesiales.

Según se reconoce abiertamente en la curia granadina, el prelado salía de Córdoba “escaldado” con CajaSur y no tenía intención de que en Granada, la caja siguiera siendo “su pesadilla”.

Cuando llegó a Granada conoció que el canónigo Martínez Medina, no solo había sido mano derecha de su predecesor, Antonio Cañizares –con el que, por entonces, las relaciones tampoco eran buenas-, sino que era el encargado de realizar los proyectos culturales diseñados por el ahora cardenal arzobispo de Toledo y que todos estaban financiados por la caja cordobesa. Además, el querellante estaba relacionado con los órganos de gobierno de la entidad de ahorro.

Fuentes de la propia iglesia, han confirmado que el nuevo arzobispo dejó aparcados los proyectos culturales de su predecesor, despreciando, incluso, los 300.000 euros ya depositados para estos fines en la sucursal de CajaSur más cercana a la Catedral.

Las mismas fuentes también han confirmado que, en enero de 2004, el arzobispo no tuvo inconveniente en dejar por escrito, en un documento oficial, que destituía a Martínez Medina de sus cargos relacionados con el patrimonio de la Catedral por sus vínculos con la caja.

A partir de ahí, el arzobispo, según fuentes universitarias, exige al profesor que le entregue los textos del libro sobre la Catedral que él coordina y que le fue encargado por el Cabildo y por Cañizares; publicación que también financiaba la entidad de ahorro cordobesa.

El arzobispo también dejó por escrito la exigencia a Martínez Medina de cesar como coordinador de la obra –asunto en el que le obedeció de inmediato- y de que le entregara los textos. El sacerdote entregó su obra pero consideró imposible entregarle la de los demás, porque los textos estaban ya en la imprenta de CajaSur, donde aún siguen; y porque los propios autores habían retirado al arzobispo, ante notario, la propiedad de sus respectivos capítulos del libro, según fuentes cercanas a la Universidad de Granada.

Relata el entorno del querellante, ahora suspendido “ad divinis”, que a partir de ahí se le acusó de apropiación indebida y se le expulsó del cabildo catedralicio. Sin embargo, cuando Martínez Medina llegó a su despacho en el templo granadino se encontró con que se le había cambiado la cerradura y se le habían secuestrado sus objetos personales dentro. Semanas más tarde tuvo que acudir con un notario, por consejo “de altas instancias eclesiales”, para poder retirar sus pertenencias personales.

La persecución, dicen fuentes allegadas al sacerdote y profesor, llegaba a su cúlmen y los tribunales eclesiásticos a los acudió pusieron la solución del conflicto en manos del demandado, del propio arzobispo, que se convirtió en juez y parte. La indefensión del sacerdote fue tal, dicen las mismas fuentes, que no tuvo más remedio que acudir a los tribunales. El lunes se celebró el acto de conciliación, sin resultado positivo, y ahora, el profesor se ha visto en la obligación de defender sus derechos por la vía penal.

Fuentes eclesiales y de la Universidad han considerado excesiva la suspensión “ad divinis”. El entorno universitario del profesor de la Facultad de Teología, cree que esta medida es la más clara confirmación de los motivos de la denuncia penal contra el prelado.

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