TRIBUNA: SUSANA CORZO
En política, las intenciones no bastan
SUSANA CORZO
EL PAÍS – 15-03-2006
Al inicio de cada día, al informarnos de la actualidad política, los ciudadanos, como demuestran los acontecimientos de estas últimas semanas, parece como si nos hubiésemos convertido en espectadores asombrados de unas escenas ciertamente surrealistas y de consecuencias inesperadas. Es difícil comprender las razones por las que un supuesto asesor de un político o de un partido político, opte por estrategias tan peligrosas como son aquellas que pueden cuestionar los posibles baluartes de un Estado democrático y de derecho. Podría parecer hasta lógico el que un especialista en marketing político busque las formas más inesperadas y extrañas con tal de conseguir votos. Pero lo que no parece tan lógico es que un político se deje caer en sus estrategias, sin medir las consecuencias que pueden arrastrar el uso de aquellos instrumentos que abusan de los valores, de los principios, de la ética y sobre todo de la responsabilidad política.

A lo largo de la historia, numerosos especialistas han tratado de delimitar el significado de la responsabilidad política y no ha sido una fácil tarea. En opinión de los juristas, se trata de un elemento que facilita el cumplimiento de la legalidad, pero en el ámbito de la política es algo mucho más complejo, está íntimamente ligada al uso del poder. El poder, que es el principal medio para alcanzar fines, que es el objeto tan codiciado por aquellos que compiten en las campañas electorales, que es aquello que no quieren dejar los que lo han alcanzado, que es, en definitiva, un medio que, por abuso, se transforma en un fin.

Las diversas corrientes de análisis, dentro de la ciencia política, se han ocupado largamente del estudio del poder, y en muchos casos, haciendo un esfuerzo de síntesis, vienen a contraponer las dos visiones extremas: aquella en la que el poder es deseado para poseerlo y administrarlo, y aquella otra donde lo que se busca es producir unos efectos que mejoren las condiciones de vida de la sociedad. El primer caso se suele manifestar en contextos poco pluralistas y el segundo en condiciones de pluralidad efectiva. En este sentido, la pregunta clave sería ¿para qué quieren nuestros políticos el poder? ¿qué precio están dispuestos a pagar con tal de alcanzarlo?

Tras la competición electoral democrática entre los partidos, los que no gobiernan ¿son perdedores durante cuatro años? o ¿tienen la importante tarea de controlar a aquellos que lo han alcanzado, ejerciendo una oposición eficaz y eficiente, haciendo visible su responsabilidad?

Los principios de la democracia se decantan claramente por esta segunda opción, en un marco plural y sabedor de la responsabilidad política; sobre todo, porque si el valor de la responsabilidad ya es importante en el ámbito de lo privado, y por ello se trata de socializar a los niños y a los jóvenes, incidiendo en este valor, mucho más lo es en la política.

La responsabilidad política en el ejercicio de la representación política adquiere un valor añadido incalculable por las implicaciones que conlleva para la propia sostenibilidad de la democracia. Durante largos periodos de la historia de este país, la autoridad se ejerció mediante el uso de la fuerza, dejando a un lado la posibilidad de ejercer la autoridad por la concesión legítima de su uso a partir de unas elecciones. Eso, afortunadamente ya pasó, pero ahora hay que plantearse que las elecciones no son el único elemento que da legitimidad al elegido, además, se requiere de su capacidad de actuar responsablemente, ocupándose y preocupándose de las consecuencias de sus palabras y de sus acciones. No es suficiente la emisión de la idea, de la palabra, sino que ha de acompañarla el ejercicio de unas actuaciones responsables que manifiesten el trasfondo claro y transparente de las mismas. Porque en ese caso se recupera el sentido de la responsabilidad institucional que abarca mucho más de lo que se puede justificar por estar en campaña, ante una convocatoria electoral, porque a los ciudadanos no se les puede someter a una campaña electoral eterna.

Freud decía que nunca existió, ni existirá, una actividad política pura, desinteresada y recta, por eso descartó el que los políticos pudieran se responsables, pero quizá es que puso la mirada en el pasado y no pudo imaginar que la sociedad del futuro podría ser de otra forma, y que los políticos llegarían a entender el compromiso que conlleva la responsabilidad política y que creerían en la política como medio pacificador y no demoledor de la convivencia pacifica de los ciudadanos. Por eso, quizá Proudhon decía con tanta fuerza que la acción, tenéis que saberlo, es la idea; y existe bastante acción cuando se vierten en la atmósfera intelectual los gérmenes de la sociedad futura.

La esencia de la responsabilidad política, en una sociedad plural, comienza por el análisis de la acción, de las motivaciones, de las razones e intenciones, de los medios y de los fines, y lo que es más importante, de la eficacia y de las consecuencias al llevar a la práctica todas ellas, porque no siempre se obtienen los resultados que se esperan, y el dejarlos en manos del destino es sostener en la incertidumbre el futuro de los ciudadanos.

Weber, y no abusaré más de las ideas de otros, supo bien diferenciar la ética de la intención, de la ética de la responsabilidad, y creo que es fundamental acudir a él en estos momentos. Con la ética de la intención el político se basta con él mismo y justificar sus errores consiste en afirmar que lo hizo con buena intención (podría ser ganar votos), pero que nunca supuso que tendría tales consecuencias. Con la ética de la responsabilidad, el político fortalece su ser y su parecer porque va mucho más allá de tener unas determinadas intenciones y se preocupa de las consecuencias de su acción política y de las acciones de los que forman su partido político.

No hace mucho, paseando por un bello pueblo de la sierra andaluza, presencié como dos niños discutían ardientemente por algo que desconozco. Tras vocear ambos, uno increpó al otro antes de salir corriendo: anda, que eres un catalán. Me sacudió profundamente una de las consecuencias que puede provocar una acción política irresponsable y una intención no del todo transparente.

Susana Corzo Fernández es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Granada

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Medidas de vigilancia, preventivas y disuasorias en Jaén, Huelva y Granada
G. D. / AGENCIAS – Jaén / Sevilla
EL PAÍS – 15-03-2006
La Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Jaén se han puesto de acuerdo para coordinar un dispositivo conjunto de vigilancia frente al botellón convocado en la capital jiennense. El dispositivo estará compuesto por medio centenar de agentes policiales, entre miembros de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de Unidad Adscrita de la Policía Autónoma. Los agentes van a incidir, especialmente, en realizar controles de alcoholemia y evitar el tráfico del menudeo de droga y la venta de alcohol a menores, para lo que se desplegarán agentes de paisano. Además, los agentes cachearán a las personas para evitar que puedan portar algún tipo de arma u objeto con el que se puedan producir agresiones.

Del mismo modo, en Huelva, se acordó ayer realizar un despliegue policial por las calles de la capital afectadas por el botellón, donde se intensificarán los controles de alcoholemia y de armas blancas. La Guardia Civil también incrementará los controles de alcoholemia en los accesos.

La Universidad de Granada también decidió vallar la zona conocida como paseíllos universitarios en el campus de Fuentenueva de viernes a domingo por seguridad. Fuentes de la institución académica granadina consultadas por Europa Press indicaron que el motivo del cierre de esa zona, que sí será accesible a investigadores o profesionales que tengan acudir a las facultades allí ubicadas, es estrictamente por motivos de seguridad, ya que la zona no reúne condiciones para acoger una concentración de miles de personas.

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Juristas discrepan sobre la ley antibotellón y la posibilidad de prohibir las concentraciones del 17
Un catedrático cree que la policía podría actuar si la fiesta no ha sido comunicada al Gobierno
REYES RINCÓN – Granada
EL PAÍS – 15-03-2006
La ley antibotellón de la Junta no llegará al Parlamento hasta el próximo mes de junio, pero los jóvenes de siete capitales andaluzas han convocado fiestas callejeras para este viernes. ¿A quién le corresponde paliar sus efectos? Con la legislación vigente, ¿se podrían evitar estas concentraciones? Juristas expertos en Derecho Constitucional discrepan sobre las posibilidades que ofrece el marco normativo actual para actuar contra este fenómeno. Manuel Terol, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, sostiene que el botellón podría regirse por el derecho a reunión. Si los jóvenes comunican a la autoridad su intención de reunirse, se acabó el problema. Si no lo comunican, según Terol, la policía podría actuar para disolver la concentración.

Manuel Terol considera que el botellón podría considerarse como el ejercicio de una reunión pacífica, recogido en el artículo 21 de la Constitución. Según el texto constitucional, el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa, aunque en las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Según esta tesis, si los jóvenes comunican a la Subdelegación del Gobierno su intención de reunirse el próximo viernes, ninguna ley podría prohibírselo. Es lo que los chavales no saben. Están ejerciendo el derecho a reunión, pero mal. Sólo tienen que ponerlo en conocimiento de la autoridad y se acabó el problema, señala Terol. Y si no lo comunican formalmente, ¿la policía podría actuar para disolver la concentración o multar a los participantes? Probablemente sí, advierte el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Pero no lo van a hacer porque sería de locos.

Terol añade que si un grupo de jóvenes comunicara a la Subdelegación del Gobierno su intención de reunirse, la Policía sólo podría actuar si hay razones fundadas de peligro para personas o bienes. Mientras, el Ayuntamiento podría intentar paliar los efectos de la concentración con sus ordenanzas de medio ambiente o basuras (ver cuadro en esta página).

La legislación vigente basta

Terol considera que no hace falta una ley específica contra el botellón como la que tramita la Junta. Con la legislación vigente bastaría. Pero suena muy bien hacerla. Quieren trasladar la decisión de la autoridad nacional a la autoridad municipal. Es una jugada que puede salirles bien o mal.

Otros juristas consultados discrepan de que el botellón pueda enmarcarse en el derecho a reunión. Agustín Ruiz Robledo, profesor de la Universidad de Granada, considera difícil regular por el artículo 21 de la Constitución las concentraciones de jóvenes para beber. El derecho a reunión suele referirse a concentraciones con una voluntad unitaria. No creo que pueda aplicarse en este caso, advierte Ruiz Robledo. Sería aplicable si se concentrarán para reivindicar el derecho a reunirse para hacer botellón, aclara.

Puestos a intentar encajar las concentraciones juveniles en la legislación vigente, el profesor de la Universidad de Granada se decanta por el derecho al uso adecuado del ocio. Y ahí podríamos actuar si se decide que el botellón no es un uso adecuado del ocio. No obstante, Ruiz Robledo se muestra partidario de que la Junta regule el fenómeno y las policías locales apliquen las normas que ya tienen en su mano. Un problema nuevo necesita una ley nueva. Lo otro sería forzar las categorías, advierte el profesor, quien cree que la norma autonómica no debería prohibir el botellón. No habría que prohibirlo como reunión de gente joven al aire libre. Distinto es distinguir si causan daños en una plaza o molestan.

Emilia Girón, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, también considera discutible que se pueda catalogar el botellón como un ejercicio del derecho a reunión. En su opinión, son los ayuntamientos los que tienen en su mano paliar los efectos de las concentraciones juveniles. No sería competencia ni de la Junta ni del Gobierno. Los ayuntamientos tienen competencias suficientes. Girón considera el botellón como un problema social más que legal. Si los jóvenes convocan este tipo de reuniones es por algún motivo, y ahí es dónde habría que actuar.

La profesora de la Universidad de Cádiz no se muestra tampoco partidaria de la prohibición del botellón. No hace falta una ley nueva. Creo que la policía sólo debe actuar si en el transcurso de las concentraciones hay algún delito. Y ya hay instrumentos legales suficientes para evitar alteraciones del orden público, señala.

Fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) prefieren no entrar en el debate del reparto de competencias o el encaje constitucional. No obstante, recuerdan que la Fiscalía fue la primera en pedir un marco normativo para luchar contra este fenómeno. Hemos constatado que el botellón incide en un aumento de la criminalidad. Accidentes, peleas con agentes de la policía, menudeo de drogas, armas blancas o muchas infracciones administrativas, como la venta de alcohol a menores. Por eso fuimos los primeros en pedir la ley.

La Fiscalía del TSJA fue requerida el año pasado por el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), para que investigara la organización del botellón del día de la Cruz y que reunió a más de 5.000 personas en los aledaños de varias instalaciones hospitalarias. El fiscal de Medio Ambiente, Rogelio Muñoz Oya, decretó en noviembre de 2005 el archivo del expediente abierto contra el dueño de un bar, al que el Ayuntamiento señalaba como promotor de la fiesta. En su escrito, el fiscal advierte, no obstante, de la necesidad de clarificar la normativa para luchar contra el botellón, al que define como una de las más generalizadas e irreductibles causas actuales de contaminación medioambiental.

Competencias

El escrito recuerda que es competencia de la comunidad autónoma la gestión y ejecución de la legislación ambiental, mientras que a los ayuntamientos, según la ley de Bases de Régimen Local, le corresponde la protección del medio ambiente, el control de ruidos e intervenir cuando exista perturbación grave de la tranquilidad, seguridad y salubridad. El escrito señala a las administraciones locales como las primeras directamente obligadas a erradicar los efectos del botellón, pero considera necesario que, para ello, se desarrolle una ley que amplíe las competencias municipales para hacer frente con mayor efectividad al fenómeno.

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